Un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) de Córdoba fue detenido como presunto autor de "abuso sexual con acceso carnal" a una de sus fieles de 14 años, a cuya familia se le pagaron -mediante acuerdo extrajudicial- $4,5 millones para silenciar el caso y no comprometer a la institución religiosa, informaron fuentes judiciales.
El fiscal Marcelo Hidalgo, a cargo de la investigación, dijo este mañana a canal 12 de Córdoba que ayer se detuvo a Marcelo Héctor Darío Moreno Pérez, un miembro de alto rango de la iglesia mormona, a partir de “elementos de pruebas documentados que prueban que abusó con acceso carnal” de la menor de edad.El funcionario judicial detalló que el caso se remonta a setiembre de 2017, cuando el acusado había quedado a cargo del traslado de la adolescente a unas actividades programadas en las sedes de los templos de Argüello y Villa Allende.
En ese trayecto Moreno Pérez pasó por su casa de Villa Allende e invitó a la víctima a descender por unos minutos, y fue allí donde la sometió a violencia sexual, según la investigación.
La familia de la menor promovió la denuncia penal tras conocer lo ocurrido cuando la adolescente comentó la situación a sus compañeras y directivos del colegio al que asiste.
Una vez que el caso tomó estado judicial, los apoderados de la congregación religiosa propusieron un acuerdo de reparación económica extrajudicial a los padres de la víctima, por un monto de $4,5 millones, propuesta que se firmó a finales del año pasado.
El convenio incluyó varias cláusulas, entre ellas que “no se podía responsabilizar a nadie de la Iglesia que no fuera Marcelo Moreno”, además de “no hacer ningún tipo de manifestación pública y privada sobre la vinculación de la Iglesia con este episodio”, manifestó el fiscal Hidalgo.
Asimismo dijo que el acusado, que se desempeñaba como presidente de Los Hombres Jóvenes de la iglesia, “tiene antecedentes” por conducta similar en otro de los templos.
Finalmente el fiscal dijo que la causa está bien encaminada para llegar al proceso de enjuiciamiento con “pruebas contundentes” sobre el delito, a partir de los resultados genéticos y el convenio escrito en donde se reconocen los hechos.
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