El proyecto de ley que modifica el Impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades obtuvo hoy dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, por lo que la iniciativa está lista para ser debatida en sesión desde la semana próxima en la cámara alta.
El proyecto busca aliviar la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas, al proponer una estructura de alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada de cada sociedad.
El dictamen fue acompañado por los senadores del bloque del Frente de Todos, en tanto que la bancada de Juntos por el Cambio anunció que se opondrá en el recinto de sesiones.
El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento y establece un primer escalón impositivo del 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones, una alícuota que no sólo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas.
El segundo escalón -de 30%- es para ganancias netas acumuladas de más de $5 millones y hasta $50 millones, y un último segmento de 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $50 millones.
Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota especial de 7%, a través del impuesto vigente.
Los diputados le introdujeron dos cambios que fueron aceptados en el Senado: en primer lugar, se incluyeron incentivos para la incorporación de mujeres, travestis, transexuales y transgéneros como directores y síndicos de las empresas; y en segundo término, se aclaró en la redacción que no se reducirá la alícuota del 41,5% para los juegos de azar.
Durante la discusión en la Comisión, el secretario de Política Tributaria de la Nación, Roberto Arias, destacó que “es un impuesto justo” que pretende “recuperar la recaudación del Impuesto”.
En ese sentido, subrayó que la reducción de las alícuotas votadas durante el gobierno de Mauricio Macri “provocó una caída importante”.
“La renta del capital tiene que estar gravada con alícuota relevantes y que tienen que ser progresivas. No estamos de acuerdo con la idea de la reducción de alícuotas como aumento de inversión, como se hizo en 2017”, insistió Arias.
Además, recordó que “cuando se aprobó la reducción de las alícuotas bajó la inversión porque la inversión está vinculada a factores como la macroeconomía más que con la tasa de ganancias”.
El presidente de la Comisión de Presupesto, el peronista cordobés Carlos Caserio, defendió la iniciativa argumentando que “el 90% de las empresas argentinas pagarán menos o el mismo impuesto en 2022”.
“Las únicas empresas que pagarán más que antes serán las que tengan más de $50 millones de utilidades. Es un sector minoritario. No es real que acá haya un ajuste atroz para las empresas”, sentenció.
En tanto, el oficialista neuquino Oscar Parrilli, consideró que “nos quedamos a mitad de camino con este proyecto”.
“Deberíamos volver al diez por ciento original y no mantener el siete por ciento del impuesto adicional. A veces hacemos un discurso en beneficio de las PyMEs y, en realidad, estamos beneficiando a las grandes empresas”, cuestionó.
Por el contrario, el radical porteño Martín Lousteau declaró que “está claro que esto es un aumento de la presión tributaria y que ese aumento, para poder pasar el filtro político, se ha recargado sobre dos tercios de los generadores de trabajo de la Argentina”.
“Eso va a tener impacto en la tasa de inversión -si todo el resto de los factores se mantienen constantes- tanto como en el nivel de precios y en el de generación de empleo”, vaticinó.
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