La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos realizará mañana a las 17:30 un encuentro intercultural sobre DDHH y pueblos originarios en la Plaza de los Dos Congresos para reclamar la prórroga de la ley 26.160, que en el año 2006 declaró la emergencia de las tierras de las comunidades indígenas y suspendió desalojos por 15 años.
La norma fue sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner y en sus principales disposiciones declaró "la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas originarias", y además estableció que mientras dure la emergencia quedaban suspendidos los plazos de desalojos, ejecución de sentencias u otros actos administrativos.
En un comunicado, la Apdh adelantó que la actividad frente al Congreso tiene como objetivo difundir "cuáles son los derechos de estas comunidades y cuál es el rol de los organismos de la sociedad civil", aunque también apunta a "manifestar la total solidaridad" de los organismos de DDHH "con los pueblos originarios reunidos en el acampe".
La entidad, cuya mesa directiva está integrada por María Elena Naddeo, Guillermo Torremare y Soledad Astudillo, expresó asimismo su respaldo a la petición de prorrogar la ley 26.160/06, a la que definió como "una norma altamente valorada por las comunidades" porque "establece el relevamiento de las tierras ancestrales y el otorgamiento de personerías jurídicas para acceder al título comunitario de las tierras".
En declaraciones a Télam, Naddeo destacó que la importancia de la continuidad de la ley 26.160 es que "permite un ordenamiento pacífico de los conflictos territoriales para garantizar el reconocimiento de derechos a las tierras ancestrales de los pueblos originarios", pero al mismo tiempo advirtió que la iniciativa es resistida por terratenientes que buscan sumar a la producción sojera hectáreas hoy inexplotadas.
Naddeo alertó que si la aplicación de la ley venciera el 23 de noviembre sin que se vote ninguna prórroga se abriría "un panorama de enfrentamiento y conflictos", ya que el escenario legal derivaría en una serie de "desalojos, acciones represivas, acciones violentas por parte de terratenientes y empresarios locales".
"Este es un tema que, por otro lado, ayuda al buen vivir, a la preservación de la naturaleza y la ecología, porque las comunidades originarias preservan los montes y la interacción con la tierra que les da la vida", añadió la copresidenta de Apdh, exlegisladora porteña y docente de historia con una larga trayectoria en la prevención de la violencia de género.
La red de Organizaciones de Pueblos Indígenas de la región NOA (Opinoa), que sostiene el acampe en el Congreso desde la tercera semana de octubre, reclama una ley de relevamiento territorial indígena y nuclea a comunidades de los pueblos Ocloya (Jujuy), Guaraní (Salta), Tonokoté Llutki (Santiago del Estero), Omaguaca (Jujuy), Tastil (Salta) y Tulián (Córdoba), entre otras.
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