El grupo multidisciplinario de profesionales ConstiTuya dio a conocer una propuesta con 20 medidas para facilitar la reestructuración y la continuidad de empresas en riesgo, y garantizar la supervivencia de 100.000 PyMEs y un millón de empleos.
Las recomendaciones de la plataforma ciudadana colectiva, que reúne expertos en temas de política pública, ponen foco en "apalancar la liquidez y la solvencia de las empresas con medidas complementarias a las del Gobierno, con costo fiscal bajo o nulo".
El grupo presentó en un documento a las autoridades nacionales, que hoy hizo público mediante un comunicado, una serie de medidas tendientes a "reestructurar empresas y evitar pérdidas masivas de empleos, quiebres y cierres, mayormente en PyMEs, que son las que se ven más afectadas por la pandemia".Las 20 propuestas buscan "facilitar el acceso a algunos bolsones de liquidez de las empresas, con foco en las PyMEs", y también "lograr más solvencia a través de mecanismos para ayudar a que inversores privados financien a empresas con problemas financieros".
"Se trata de medidas complementarias a los esfuerzos del Gobierno, que tienen nulo o muy bajo impacto fiscal y que en general no requieren pasar por el Congreso. Ya hemos realizado rondas informativas con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, el Banco Central o la AFIP", explicó Nicolás Sánchez, miembro de ConstiTuya.
Para el profesional, "la situación es crítica y la necesidad es urgente: está en juego la supervivencia de 100.000 PyMEs y un millón de empleos", agregó Miguel Ángel Milano, otro miembro que impulsa las recomendaciones ante "caídas históricas" de algunos sectores como la construcción, el comercio y la industria.
Una de las propuestas apunta a lograr mayor liquidez, mediante la factura de crédito electrónica y una baja del plazo para la aceptación tácita, de 30 a 15 días.
Para darle una mayor profundidad al mercado de este instrumento también se sugiere el aval de la factura por las Sociedades de Garantía Recíproca, a fin de que este tipo de facturas sean consideradas instrumentos PyME, además de no exigirles contragarantías adicionales cuando se trate de un "Gran Pagador".
También se propone el débito automático del importe de la factura de crédito electrónica, permitir el descuento de facturas en dólares y eliminar el monto mínimo por facturas, actualmente de $147.500.
Para facilitar el uso de créditos fiscales como medio de pago de cualquier deuda impositiva, la propuesta de ConstiTuya recomienda consolidar cuentas tributarias, y también sugiere la cesión de tales créditos fiscales en un mercado secundario.
El grupo propone también derogar regímenes de recaudación anticipada del Impuesto sobre los Ingresos Brutos; la cancelación de obligaciones fiscales con Bonos del Estado nacional y de los Estados provinciales; y la reducción de alícuotas del Ingresos Brutos en actividades castigadas por la pandemia, como el comercio minorista, hoteles, restaurantes, bares y cines.
Otras medidas complementarias están referidas a la legislación laboral vigente, para permitir reducir sueldos y la suspensión y despido de empleados mientras dure el proceso de convocatoria de acreedores, para salvar el resto de los empleos.
Se impulsa además la eliminación de la doble indemnización cuando se realice la apertura de un concurso preventivo.
Respecto a medidas impositivas el grupo sugieren la actualización de quebrantos acumulados desde el ejercicio fiscal de origen hasta el período de liquidación y eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las quitas sobre deudas por acuerdos con acreedores.
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